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Integridad Pública

La integridad pública es definida como la actuación coherente, con valores, principios y normas, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron y se asegure un servicio público orientado al interés general y la generación del valor público.

La Oficina Regional Anticorrupción cumple la función de integridad en el Gobierno Regional Piura y es la encargada de articular con las diversas unidades de organización la implementación del modelo de integridad, así como su supervisión y monitoreo.

Modelo de Integridad Pública

Tomando en consideración diversas recomendaciones y buenas prácticas nacionales e internacionales, el Modelo de Integridad representa un elemento necesario para emprender desde el Estado un esfuerzo orgánico y sistémico que asegure un estándar de alto desempeño ético y promoción de la integridad, para una lucha efectiva contra la corrupción. Con ese fin, la política pública se operativiza en cada entidad a nivel organizacional, con prescindencia de su tamaño, sector o nivel de gobierno.

En ese sentido el modelo de integridad pública es el conjunto de orientaciones encaminadas al fortalecimiento de la capacidad preventiva y defensiva de las entidades públicas frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. A continuación, se presenta una breve de los 9 componentes del modelo de integridad:

Es aquí donde se observa el liderazgo de las autoridades, lo cual se evidencia asegurando las condiciones necesarias para el fortalecimiento de una cultura de integridad en la entidad, por ejemplo, visibilizando la integridad como un objetivo institucional incorporado el enfoque de integridad en los documentos de gestión y planeamiento; y empoderando al órgano que ejerce la función de integridad (encargado del Modelo) con los recursos necesarios para tal efecto.

Asociado a la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pudieran afectar la integridad pública, es decir, la posibilidad de que una determinada conducta transgreda, por acción u omisión, el respeto de los valores de la organización, así como de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública y configure una práctica contraria a la ética o practica corrupta; particularmente en los procesos más sensibles (por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública, la gestión de recursos humanos, la transparencia y acceso a la información pública y la provisión de servicios públicos).

Entendidas como estándares de cumplimiento y responsabilidad para las entidades y servidores públicos como parte de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción, en concordancia con directrices de alcance nacional y normas vinculadas a la materia (por ejemplo, formulación de códigos de conducta, lineamientos para la prevención y gestión de conflictos de intereses, gestión de intereses, acciones de diligencia debida, políticas de incentivos y reconocimientos al personal por su desempeño ético, disposiciones para asegurar la meritocracia y contratación de personal idóneo en la entidad, etc.)

Implica el cumplimiento de la publicación de información en los portales de transparencia estándar (personal, contrataciones y adquisiciones, actividades oficiales, registro de visitas, documentos de planeamiento y presupuesto, proyectos de inversión, etc.), garantizar el acceso a la información pública (incluyendo el cumplimiento de los procedimientos para clasificar adecuadamente la información), contribuir a la apertura de datos y promover la rendición de cuentas.

Supone que la entidad cumpla con los requerimientos del control interno, para cautelar la correcta gestión de los recursos públicos; facilite las labores del control gubernamental que realiza la Contraloría General de la República o a través del órgano de control institucional; así como las auditorias en el caso de las empresas públicas.

Involucra las tareas de inducción al personal, precisando los valores de la entidad, los principios, deberes y normas establecidas para el cumplimiento adecuado de la función pública; la capacitación permanente en políticas de integridad al público interno y la comunicación de dichas disposiciones dentro y fuera de la institución; la evaluación del clima ético en la entidad (percepciones, conocimientos y practicas); así como el nivel de satisfacción de las partes interesadas sobre el desempeño ético de los servidores y funcionarios.

Es fundamental que los servidores y los ciudadanos conozcan los mecanismos de denuncia establecidos para recibir las alertas referidas a posibles inconductas o actos corruptos, precisando quien recibe la denuncia y como se procesa en la entidad; así como asegurar las medidas de protección al denunciante

Es importante evaluar permanentemente el avance y el desempeño de la entidad en la implementación de los lineamientos, las medidas y directivas de integridad, a fin de identificar oportunidades de mejora, contribuir al monitoreo de indicadores y efectuar los correctivos necesarios para el cierre de brechas en cada uno de los componentes del modelo.

Contacto

Av. San Ramón S/N Urb. San Eduardo

073-284600

anticorrupcion@regionpiura.gob.pe

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