La Comisión de Justicia del Congreso, que preside la congresista de Perú Libre, Janet Rivas, investigará en estas dos semanas las supuestas faltas graves de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Las faltas son debido a que dicha institución no se alineó con la decisión del Pleno de inhabilitar a la exfiscal Zoraida Ávalos y porque se le abrió un proceso disciplinario a la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

La investigación del Congreso buscará sustentar por qué los miembros de la JNJ no son aptos para tal encargatura. Lo paradójico es que tres integrantes de esta comisión ordinaria tienen denuncias constitucionales por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores y uno por el caso Los Niños (tráfico de influencias agravado).

Las congresistas de Alianza Para el Progreso (APP) Rosio Torres y María Acuña fueron premiadas por su bancada integrando la Comisión de Justicia pese a que ambas afrontan una investigación por haber recortado el sueldo a los trabajadores de su despacho. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya admitió a trámite dos denuncias constitucionales que pesan contra ellas por concusión.

Pero no es la única sindicada como ‘mochasueldo’ que deberá votar sobre lo que recomiende la Comisión de Justicia. La congresista de Podemos Perú Heidy Juárez, quien también afronta una denuncia constitucional por recorte de salario a sus empleados, integra dicha comisión.

Asimismo, otro legislador con investigación es el de Acción Popular Elvis Vergara, quien fue denunciado por la Fiscalía de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones por el caso Los Niños, el cual está pendiente de revisarse.

Por si fuera poco, la presidenta de este grupo de trabajo es Janet Rivas, de Perú Libre. La legisladora, en su trayectoria en este Parlamento, tiene una serie de votaciones controversiales donde prefiere abstenerse antes que votar en contra de sus colegas como cuando se abstuvo en votar para suspender al al excongresista Freddy Díaz, denunciado de haber abusado sexualmente de su extrabajadora, posteriormente se propuso inhabilitar a Diaz de la gestión pública por 10 años Díaz pero tampoco estuvo a favor, finalmente se aprobó su inhabilitación con 77 votos sin embargo, se abstuvo nuevamente.

Otro integrante es el congresista José María Balcázar, de Perú Bicentenario, quien fue presidente de la Comisión Especial del concurso público para el nuevo Tribunal Constitucional (TC). La Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Lima investigó su gestión por falta de transparencia al no haber entregado los reportes completos de la Contraloría sobre los postulantes al TC, pese a que existía una solicitud de acceso a la información de por medio.