Con el propósito de prevenir cualquier posible anulación del fallo que resultó en el archivo de una denuncia fiscal por estafa y falsedad genérica en su favor, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ha instado al Poder Judicial a reconocer la validez de la resolución emitida por el magistrado Carlos Román Gil, con sede en Cuzco.

Enfrentando una solicitud de la fiscal Etel Marquina Rodríguez, quien buscaba una condena de 8 años y 8 meses de prisión, Alejandro Soto se hallaba en una posición comprometida. Se acusaba a Soto de haber engañado a la empresa donde ejercía como asesor legal, Transportes Waynapicchu, para que adquiriese un terreno a una comunidad campesina por la suma de US$265,000. Aunque Soto había adquirido previamente dicho terreno por US$5,000 en 2012, el engaño no fue descubierto sino hasta 2017, cuando el nuevo directorio de Transportes Waynapicchu presentó una denuncia penal.

En efecto, durante la sentencia, el magistrado Carlos Román aplicó la Ley N.º 31751 y la prescripción legal liberó a Alejandro Soto de una condena de 8 años y 8 meses, según lo establecido en la resolución del 24 de julio, apenas 48 horas antes de que Soto asumiera la presidencia del Congreso.

Unos pocos días después, el 9 de agosto, el abogado defensor de Alejandro Soto, Walter Pimentel Peralta, solicitó a la Corte del Cusco que ratificara el fallo que permitió que su cliente eludiera una sentencia por estafa y falsedad genérica de 8 años y 8 meses.

La solicitud de Soto busca que el Poder Judicial declare la firmeza de la prescripción y el archivo de la acusación fiscal, con el propósito de evitar futuros intentos de anular la resolución judicial.

El pedido de Soto se sustenta en el hecho de que el fiscal presente en la audiencia, José Espinoza Espino, sorprendentemente, no apeló la decisión del juez Carlos Román de declarar prescrito el caso. La solicitud de Soto refleja su intención de asegurarse contra posibles consecuencias legales.