De esta manera mediante el Decreto Supremo N° 014-2023-SA, el Ejecutivo declaró la emergencia ante el grave riesgo de inoperatividad y suspensión de la continuidad de las atenciones de salud de la población.

Según la norma, las fuertes precipitaciones y los estragos post covid-19, dejaron un sistema de salud deteriorado que “han ocasionado un ambiente ideal para el incremento en la incidencia, así como la reaparición de enfermedades emergentes y reemergentes como el dengue, leptospirosis, la polio, la gripe aviar, además de un riesgo potencial de ocurrencia de enfermedades como la peste, rickettsiosis, entre otras”.

Del mismo modo, a través del informe N° 106-2023-UPP-DIEM-DGOS-MINSA, la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) detalla que el estado situacional de la infraestructura de salud, en forma general, presenta una deficiente capacidad de respuesta ante las intensas lluvias, con coberturas y techos que no tienen un sistema de drenaje adecuado y otras en la que no existe, presentando filtraciones que afectan la estabilidad de la infraestructura física y el daño del equipamiento existente.

Asimismo, existe riesgos eléctricos en las instalaciones, colapso del sistema de saneamiento externo e interno (agua y desagüe).

Vulnerabilidad

También, en el informe N° 007-2023-AFMR-UGRDS-DIGERD/MINSA, la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) concluye que hay condiciones de vulnerabilidad evidenciadas en la evaluación de seguridad de los establecimientos de salud.

En ese sentido, se advierte que las condiciones actuales de los servicios principales en las regiones con mayores índices de susceptibilidad frente a un fenómeno de El Niño, en los que figura la región Piura, pudieran verse afectadas y suspender sus ofertas de salud. Asimismo, se dejaría de lado la atención a las poblaciones afectadas y representaría mayores costros de reparación y continuidad del servicio.

“ (…) los fenómenos climáticos, aunado a las bajas coberturas de vacunación, así como la limitada oferta de los servicios de salud y diferentes programas de prevención y control de enfermedades ocasionada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, a lo que se le suma el deterioro de la infraestructura sanitaria agravada producto de las lluvias intensas e inundaciones, han ocasionado un ambiente ideal para el incremento en la incidencia así como la reaparición de enfermedades”, detalla el Decreto Supremo.

El Decreto Supremo es refrendado por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino.