Tres de los 20 funcionarios del Gobierno Regional de Piura investigados por su presunta responsabilidad penal en la contratación y ejecución de obras financiadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que favorecieron a empresas fueron designados como directores por el gobernador de Piura, Luis Neyra. Este funcionario minimiza los informes de la Contraloría, las investigaciones de la Fiscalía y los daños en las defensas ribereñas, como revela este nuevo reportaje del especial ‘Sombras de la reconstrucción‘ en colaboración con Convoca.pe.  

El 3 de enero de este año, el gobernador Luis Neyra designó al ingeniero industrial James Crox Coronado Torres director del Programa Sectorial III de la Dirección de Normas, Monitoreo y Evaluación de la Gerencia Regional de Infraestructura. El 31 de enero, nombró al ingeniero civil Martín Eduardo Saavedra More director del Programa Sectorial lII de la Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Ayabaca de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna. El 27 de marzo, designó al contador Eloy Isac Cisneros Casariego director del Sistema Administrativo III Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina Regional de Administración.

Los tres funcionarios participaron en la construcción de las defensas ribereñas en las márgenes del río Piura, que fue observada por la Contraloría. En una serie de informes, el organismo supervisor advirtió irregularidades en la firma y ejecución de los contratos de estas obras que, a menos de un año de su inauguración, reportaron fallas.

Tramo I

Con un costo final de 153 millones 890 mil 600.51 soles (41,8 millones de dólares), el tramo I de las defensas ribereñas en el río Piura, que comprende desde la represa Los Ejidos hasta el puente Cáceres, fue inaugurado por el gobernador Servando García en agosto de 2022, a pesar de que algunos meses antes la Contraloría advirtió que la obra fue recepcionada con deficiencias físicas, que nunca fueron subsanadas.   

El 14 de diciembre del año pasado, la Contraloría emitió el Informe de Auditoría Nº 30318-2022-CG/GRPI-AC sobre las observaciones en los procedimientos de contratación y ejecución contractual de la obra e identificó a cuatro funcionarios con presunta responsabilidad penal.

El ingeniero Martín Saavedra fue director del Programa Sectorial V de la Gerencia Regional de Infraestructura, del 5 de abril de 2017 al 2 de diciembre de 2018, durante la gestión del gobernador Reynaldo Hilbck Guzmán. La Contraloría determinó que, como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, no verificó que antes del inicio de la elaboración del expediente técnico del proyecto se cuente con el saneamiento físico legal de los terrenos y tramitó su aprobación.

Asimismo, Saavedra participó en la elección del contratista. Como presidente del Comité de Selección, calificó la oferta del Consorcio Los Ejidos, a pesar de que no cumplió los requisitos, y permitió que se beneficie a este postor con la suscripción del contrato por 57 millones 740 mil 643,00 soles. Los otros integrantes del comité, el ingeniero James Coronado y el abogado Alcides Adriano, tomaron la misma decisión.

El contador Eloy Cisneros aprobó el acta de verificación de los requisitos de calificación para la suscripción del contrato de consultoría para la supervisión de obra, pese a que el postor ganador, el Consorcio Supervisor Control de Inundaciones II, no presentó todos los documentos exigidos. En 2020, durante la gestión del gobernador Servando García, el entonces director del Sistema Administrativo III de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares permitió que se beneficie al contratista con 4 millones 41 mil 606,68 soles.

Por esta obra, la Fiscalía Anticorrupción de Piura inició este año una investigación a los ingenieros Martín Saavedra y James Coronado y al abogado Alcides Adriano, por los presuntos delitos contra la administración pública. Además, desde 2019, Eloy Cisneros es investigado en el Ministerio Público por negociación incompatible y concusión (Colusión con defraudación patrimonial al Estado).

Este medio trató de comunicarse con las personas mencionadas en este informe, a través de diversos medios, sin embargo, no obtuvo respuesta. 

El gobernador de Piura, Luis Neyra, reconoció haber firmado las resoluciones que mantienen los contratos de los funcionarios acusados de responsabilidad penal; no obstante, refirió que las investigaciones y cuestionamientos son bastantes comunes en las personas que provienen de otras administraciones. En ese sentido, minimizó el hecho y aseguró que parte de los trabajos mal hechos son responsabilidad de la gestión de Servando García.

“Lo que pasa es que hay muchos funcionarios que están cuestionados por la Contraloría, ni bien se encuentren responsabilidades directas, se tomarán las acciones correctivas. El tema con el señor Eloy Cisneros fue por un tema de publicidad, pero no más, si se le encuentra responsabilidad penal, inmediatamente, se le sanciona y se le despide del Gobierno Regional. Si sancionan a algún funcionario, inmediatamente lo botamos. Lamentablemente, todos los cargos por temas de abastecimientos, de obras, por lo general, tienen cuestionamientos, y están en todo su derecho de defenderse”, dijo Neyra.

En otro momento la autoridad regional advirtió que denunciará penalmente al exgobernador Servando Garcia Correa, al ser la principal responsable y promotor en la ejecución de los trabajos el río. No obstante, se conoció que García Correa se encuentra fuera del país, y no se realizado ninguna aparición pública tras la culminación de gestión.

El tramo I de las defensas ribereñas en el río Piura, que comprende desde la represa Los Ejidos hasta el Puente Cáceres, fue inaugurado por el gobernador Servando García en agosto del 2022, a pesar de que algunos meses antes la Contraloría advirtió que la obra fue recepcionada con deficiencias físicas, que nunca fueron subsanadas. Durante las lluvias de mayo de 2023, una parte de la estructura del Tramo I, se desprendió sorpresivamente dejando a la ciudad de Castilla expuesta ante una inundación.    

Para la Contraloría, la ejecución del tramo II de las defensas ribereñas, a cargo del Consorcio Protección Piura y Castilla y que posteriormente culminó Pronte Ingenieros Constructores, comprendió el involucramiento irregular de al menos 21 exfuncionarios del Gobierno Regional, a quienes se les atribuyó responsabilidad penal por omitir procesos de verificación de información, ordenó el pago de valorizaciones indebidas, se alteró la transparencia de los procesos entre otros.  La obra también reportó roturas a pocos meses de su inauguración.