Según el abogado penalista Percy García Cavero, se podría iniciar una investigación por los presuntos delitos de colusión desleal y negociación incompatible, además de evaluar si hubo pérdidas de vidas por esta negligencia.

El abogado sostiene que los informes de Contraloría sobre estos procesos de compra directa sirven como pruebas en la investigación del Ministerio Público.

Los informes de Contraloría detallan las irregularidades en la adquisición de las plantas para el hospital Santa Rosa y los establecimientos de salud de Talara, Ayabaca y Huancabamba.

“Si las plantas de oxígeno en las que se invirtieron 10 millones de soles no funcionan da pie para iniciar una investigación. Si cuenta con un pronunciamiento de Contraloría, esto sería una prueba preconstituida. El fiscal tiene que corroborar con diligencias adicionales para formalizar un proceso o incluso acusar”, sostuvo.

Denuncia

García señala que el procurador del Gobierno Regional podría denunciar el caso.

“Una emergencia [sanitaria] no significa que se puede comprar productos que no reúnen las exigencias mínimas de funcionamiento. Se podría discutir el delito de colusión desleal entre el funcionario y el vendedor de esas plantas o algún otro delito de negociación incompatible que implica una actuación del funcionario que favorece intereses particulares”, señaló.

En el caso del primer delito se castiga con penas entre 6 a 15 años de prisión, mientras que por el segundo, las penas son hasta los 6 años. La sanción podría ser mayor debido al agravante que se hizo durante una emergencia sanitaria.

De otro lado, García Cavero, sostuvo que la investigación fiscal también ayudaría a conocer a todos los implicados.

“La fiscalía tendría que iniciar una investigación preliminar para confirmar lo que dice la Contraloría en relación a los funcionarios […] o determinar responsabilidades superiores”, dijo.

En los informes se determina presunta responsabilidad penal en servidores de la oficina de Administración, Logística, Control Patrimonial y Tesorería.