La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la licitación de la carretera Salitral-Huancabamba, por parte de funcionarios del exgobernador Servando García Correa, en vista que descalificaron a varios postores de forma ilegal y adjudicaron la buena pro a un consorcio que presentó una propuesta que estaba 4 millones por encima de la oferta más baja.

Irregularidades

De acuerdo al informe de control específico N° 28244-2022-CG/GRPI-SCE sobre la “Licitación pública para la contratación de la obra: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera DV.R2A–Salitral–Bigote-Tunal-La Quinua-Sapalache-Huancabamba, tramo II: Bigote – Tunal”, emitido el 7 de diciembre del 2022, los auditores detectaron una serie de irregularidades.

Según lo revisado por los auditores, en la mencionada licitación el ganador de la buena pro fue el consorcio Constructor del Norte, conformado por las empresas EDICAS SAC Contratistas Generales y Construcciones & Servicios Dieguito SAC.

El comité especial le otorgó la buena pro luego de descalificar al Consorcio Vial AIG-E, conformado por las empresas AIG SAC y Construcoes Engenharia e Pavimencao Enpavi LTDA sucursal Perú, a pesar de que no había razones legales para hacerlo y que presentó una propuesta económica de S/43 millones 569 mil 076.

De hecho, los auditores también detectaron que en otras etapas anteriores a la calificación de propuestas, el comité especial descalificó a más consorcios por razones que no están dentro de la normativa que rige los procesos de licitación.

Responsabilidades

Según la documentación revisada, los auditores concluyeron que habría presunta responsabilidad penal en el comité especial de esta obra, valorizada en S/47 millones 683 mil 933 mil, el cual estaba integrado por Wilmer Vise Ruiz (exgerente de Infraestructura), Rodolfo Jiménez Vilcherrez y Carlos Alberto Chorres Quevedo.

“Los miembros del Comité Especial conformado por Wilmer Vise Ruiz (presidente), Rodolfo Jiménez Vilcherrez (miembro) y Carlos Alberto Chorres Quevedo (miembro), quienes bajo un comportamiento no acorde con los principios que inspiran el sistema de compras públicas, en la etapa de admisión rechazaron las ofertas de tres postores con argumentos no contemplados en la normativa de contrataciones...”, explicaron los auditores en su informe.