En una práctica similar, la entidad regional tampoco paga más de S/400.000 a cinco microempresas que le dieron crédito para la venta de material médico e insumos para fabricar Ivermectina durante los momentos más críticos de la pandemia.

De forma increíble, ahora los funcionarios niegan los contratos y los requerimientos, dejando en una grave crisis económica a los proveedores.

En este segundo caso, el GORE ya perdió las demandas judiciales de obligación de dar suma de dinero en los juzgados civiles, sin embargo, han apelado a la Sala Civil de la Corte de Justicia.

Casa solidaria

La Casa Solidaria fue un centro de acogida a cargo del Gobierno Regional para que los pacientes contagiados de la COVID, puedan llevar su de cuarentena aislados de sus familias. Ante el colapso de los hospitales, se planteó que también reciba pacientes leves.

La historia inicia en marzo del 2020 cuando la empresa Textil Piura cede de forma voluntaria y gratuita, por seis meses, el área de 6.400 m² para que funcione la Casa Solidaria.

El plazo vencía en octubre del 2020, pero se fue ampliando debido a la gravedad de la pandemia. Sin embargo, llegó el mes de abril del 2021 y el GORE seguía sin abandonar las instalaciones cedidos por Textil Piura.

Ante el reclamo y pedidos de devolución, ambas partes se juntaron y acordaron el pago de una merced conductiva de 25.600 dólares mensuales entre mayo, junio, julio y agosto.

Esto tampoco se cumplió y los requerimientos de la empresa todavía no son escuchados en las reiteradas cartas notariales que se han enviado.

“[Se ha] requerido de manera verbal se cumpla con cancelar dicho servicio de arrendamiento en la cual se nos ha citado a diversas reuniones a fin de poder honrar dicha deuda, no habiendo logrado un resultado positivo a dichas gestiones, es por ello que recurro a su despacho se sirva a gestionar el pago de dicha deuda”, refiere el escrito dirigido al gobernador Servando García.

Microempresas

Mucho más dramática es la situación de los microempresarios que sacaron créditos para atender los requerimientos del GORE, pero casi dos años después no les pagan las deudas.

Se trata de las empresas y proveedores Zapata Equipamientos EIRL, Poseidon Services EIRL, Word Casting EIRL y Beatriz Zapata Reforme.

Otro microempresario afectado fue Marco Antonio Orozco Peralta, representante de Famido. De acuerdo a Vigilia Ciudadana, Orozco denunció el caso como una presunta estafa.

“Por desgracia la demanda quedará inconclusa pues, en medio de sus reclamos y la profunda depresión que le generó haberse endeudado con entidades financieras y perdido su patrimonio, el demandante falleció hace pocos meses sin poder recuperar el dinero”, refiere un vocero de Vigilia Ciudadana.

En cuatro de las demandas, los juzgados ya se falló contra el GORE.