Piura, 21/04/2026 La Contraloría General de la República advirtió la existencia de una situación adversa en la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), dirigida por Charly González Rojas, que podría generar barreras burocráticas ilegales para pensionistas del Decreto Ley 20530. El hallazgo se consigna en el Informe de Orientación de Oficio N.° 009-2026-OCI/0739-SOO, correspondiente al periodo del 13 al 16 de abril de 2026. Según el documento, el problema surge a partir de un comunicado institucional difundido el 13 de abril de 2026, mediante el cual la DREP exige a los pensionistas presentar diversos documentos para la regularización de sus pensiones. Entre ellos figuran resoluciones administrativas, título profesional y DNI, pese a que varios de estos ya obran en poder de la propia entidad o pueden ser obtenidos mediante interoperabilidad entre instituciones públicas . La Contraloría señala que esta exigencia contraviene normas de simplificación administrativa y el principio de legalidad, al imponer cargas innecesarias a los administrados. Además, advierte que condicionar la continuidad del pago de pensiones a la entrega de dichos documentos podría incluso afectar derechos constitucionales, como el acceso a una pensión, tal como se observa en el comunicado analizado (página 4 del informe) . El informe concluye que esta práctica genera el riesgo de imponer barreras burocráticas ilegales y afectar la legalidad de la actuación administrativa. En ese sentido, la Contraloría precisa que las entidades públicas están impedidas de solicitar información que ya poseen o que pueden obtener de otras instituciones, conforme al marco normativo vigente . Finalmente, el órgano de control recomendó a la DREP adoptar medidas correctivas y preventivas para subsanar la situación detectada, así como informar en un plazo máximo de cinco días hábiles sobre las acciones implementadas. La advertencia no implica sanción inmediata, pero busca evitar que la situación se consolide y perjudique a los pensionistas.