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Economistas alertan riesgos regulatorios y freno a inversión por elecciones 2026

Piura, 05/03/2026 Los riesgos regulatorios, la inversión privada y el proceso electoral 2026 aparecen como los principales factores de preocupación para la economía peruana, según la encuesta “Los principales economistas opinan” del Instituto Peruano de Economía (IPE). El sondeo, aplicado a 85 especialistas entre el 23 y el 26 de febrero, revela que el 69% advierte que el mayor peligro en el tramo final del Congreso es la aprobación de normas que incrementen el gasto público, seguidas de exoneraciones tributarias (40%) y un nuevo retiro de fondos de AFP y CTS (35%). El estudio también advierte que el escenario político podría afectar directamente la dinámica de inversiones. El 74% de los economistas considera que el proceso electoral del 2026 llevará a muchas empresas a postergar o moderar sus decisiones de inversión, pese al crecimiento de dos dígitos que registró la inversión privada durante el 2025. Para el IPE, la incertidumbre política continúa siendo uno de los factores que más condiciona la planificación empresarial. Otro hallazgo relevante del análisis es la limitada claridad en las propuestas económicas de los partidos. De los 35 planes de gobierno revisados por el IPE, solo 18 expresan una postura favorable hacia la inversión privada, mientras tres manifiestan una oposición abierta. Esta dispersión de posiciones, advierten los especialistas, podría generar señales mixtas al mercado y afectar la confianza de los inversionistas en el corto y mediano plazo. De cara a los próximos cinco meses del gobierno de transición, el 74% de los encuestados considera prioritario garantizar una transición política estable. También destacan la atención de emergencias vinculadas al inicio de un posible El Niño Costero (38%), la sostenibilidad fiscal (32%) y la reforma de Petroperú (27%). En paralelo, los economistas identifican como riesgos inmediatos la inestabilidad política (47%), el propio proceso electoral (38%), los eventos climáticos (38%) y el avance de la inseguridad ciudadana (35%).

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