Piura, 05/11/2025 La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en exfuncionarios y funcionarios del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), por irregularidades en la ejecución de la obra “Inyecciones complementarias en el aliviadero de emergencia de la presa Poechos”, cuyo monto contractual ascendió a S/ 24 448 481.93. Los trabajos buscaban reducir las filtraciones en el reservorio, infraestructura clave para el abastecimiento de agua en la región Piura. Irregularidades en contratación y supervisión Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 013-2025-2-0612-AC, que evaluó el período comprendido entre noviembre de 2019 y junio de 2024, se detectaron seis observaciones principales vinculadas con la suscripción del contrato, la ejecución de los trabajos, la supervisión técnica, la suspensión del plazo, las valorizaciones y la aprobación de un adicional de obra. Durante el proceso de selección para la supervisión, la entidad descalificó indebidamente a varios postores, otorgando la buena pro a una empresa que no acreditó la metodología requerida y cuya oferta económica era más de S/ 85 000 superior a otras propuestas. Este hecho, según el informe, afectó los intereses del Estado y restringió la posibilidad de acceder a una mejor propuesta técnica y económica. Deficiencias técnicas en la obra También se verificó que el contrato de ejecución fue suscrito con una compañía que no acreditó que cumplía con los requisitos del plantel profesional. No obstante, la entidad no llevó a cabo la fiscalización posterior que le correspondía, lo que produjo un beneficio ilícito al contratista adjudicado y vulneró las normas de contratación pública. Los trabajos de inyección de lechada de cemento no se ajustaron a las indicaciones de los estudios geognósticos ni a las recomendaciones técnicas. Estas deficiencias ocasionaron que el plazo de ejecución se extendiera y que los gastos generales y de supervisión aumentaran en S/ 831 284. Las filtraciones aún continúan a pesar de que la obra se recibió sin verificar su operatividad. El informe señala que el PECHP otorgó conformidad a valorizaciones sin aplicar penalidades por la ausencia del residente de obra. Además, otro profesional asumió esas funciones sin cumplir el perfil técnico requerido, lo que generó un perjuicio adicional de S/ 490 150. Del mismo modo, la aprobación de la suspensión del plazo y de un expediente técnico adicional sin sustento generó ampliaciones indebidas y un perjuicio de S/ 201 722.92. Ante estos hechos, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales correspondientes contra los implicados. Además, dispuso que el Órgano Instructor de la Contraloría y el Proyecto Especial Chira Piura ejecuten las acciones administrativas necesarias para determinar las responsabilidades funcionales.