Piura, 20/09/2025 La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender por seis meses a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, por presuntas faltas disciplinarias vinculadas a la reposición de Patricia Benavides en el cargo. La medida preventiva fue propuesta por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y respaldada por los demás consejeros, con excepción de Francisco Távara Córdova, quien fue apartado del caso por presunto adelanto de opinión. Espinoza tenía previsto acudir ayer 19 de septiembre a las 10:00 a.m. a la sede de la JNJ para presentar sus descargos, pero decidió no asistir alegando que no existen garantías de un debido proceso. Posible alejamiento hasta por un año El reglamento de la JNJ establece que la suspensión preventiva puede renovarse solo una vez más por igual plazo, lo que implicaría que Espinoza podría permanecer fuera del cargo hasta por un año. Mientras dure la sanción, el despacho de la Fiscalía de la Nación será asumido de manera interina por el fiscal supremo de mayor antigüedad, Pablo Sánchez Velarde. Si este declina, corresponderá a Zoraida Ávalos o, en su defecto, a Tomás Gálvez. El cuadro de antigüedad se completa con Patricia Benavides y Juan Carlos Villena. Las imputaciones contra Espinoza Según el informe de Cabrera, Espinoza habría incurrido en cuatro hechos graves: Ignorar la orden de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Continuar ejerciendo el cargo de manera “ilegal e inconstitucional”. Negarse a cumplir funciones como fiscal suprema al no recibir a Benavides ni convocar a la Junta de Fiscales Supremos. Instigar al personal del Ministerio Público a realizar una vigilia en la sede institucional para impedir el cumplimiento de la resolución. La JNJ sostiene que estos actos constituyen faltas muy graves contempladas en la Ley de la Carrera Fiscal, como interferir en funciones de otros órganos del Estado y comprometer los deberes del cargo. El informe concluye que la conducta de Espinoza refleja un “quebrantamiento del respeto a la institucionalidad del Ministerio Público y de la confianza ciudadana en el Estado de derecho”.