Piura, 10/07/2025 La Contraloría General de la República dio a conocer serias irregularidades en el funcionamiento de varios Centros de Emergencia Mujer (CEM) ubicados en las regiones de Amazonas y San Martín, tras una auditoría al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan. De acuerdo con el Informe de Auditoría N.º 011-2025-2-3901-AC, que evaluó el período del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, se identificaron 35 casos de menores de edad —entre 5 y 16 años— víctimas de violencia sexual que no recibieron atención oportuna en los CEM de Chachapoyas, Condorcanqui (Amazonas), y Bellavista, Comisaría Juanjui, Lamas, Moyobamba y Tarapoto (San Martín). Fallas estructurales en la atención integral Los hallazgos revelan deficiencias críticas como la ausencia de Planes de Atención Integral en 18 casos, carencia de planes de seguridad en 16 casos y falta de evaluación de redes familiares o sociales en cinco. Asimismo, se detectaron 19 casos sin derivación para terapia psicológica ni acceso al Kit de Emergencia, y tres casos donde no se dio aviso a la UGEL, pese a que los presuntos agresores pertenecían a instituciones educativas. Más alarmante aún, en seis casos no se notificó a entidades como juzgados, DEMUNA o UPE, incluso cuando las víctimas presentaban indicios de desprotección familiar. Además, se identificó un caso sin denuncia formal ante instancias legales y nueve casos donde no se solicitaron medidas de protección ni se gestionaron nuevas tras resoluciones denegatorias. Otro dato preocupante: en 20 casos los abogados de los CEM no se apersonaron ante el Poder Judicial o el Ministerio Público, omitiendo así una función clave en el proceso de acceso a la justicia. Ausencia de seguimiento La auditoría también evidenció que en 33 casos no se realizó seguimiento operativo, en 35 no se hizo seguimiento administrativo, y en ninguno de los 35 casos se efectuaron evaluaciones trimestrales, lo que impidió detectar y corregir deficiencias en la atención. Estas omisiones no solo afectaron directamente la protección, recuperación y acceso a la justicia de las víctimas, sino que también pusieron en grave riesgo su desarrollo emocional y físico, al impedir el acceso oportuno a servicios de salud, jurídicos y sociales fundamentales para su recuperación. Responsabilidades y recomendaciones Como resultado de la investigación, la Contraloría estableció presunta responsabilidad administrativa en 23 funcionarios públicos, de los cuales 16 continúan en funciones. En ese sentido, recomendó a la Dirección Ejecutiva de Warmi Ñan tomar las medidas correspondientes para que el órgano competente realice el deslinde de responsabilidades. Este informe vuelve a poner en el centro del debate la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta del Estado frente a la violencia sexual infantil y de asegurar que los programas de atención no solo existan en el papel, sino que funcionen con eficacia en los territorios donde más se necesitan.