Piura, 19/04/2025 El 5 de febrero pasado, Ruíz Hernández fue intervenido en un operativo anticorrupción llevado a cabo por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de Sullana, con el respaldo de representantes de la DIRCOCOR. El exfuncionario fue hallado con S/2,000 en efectivo que, de acuerdo con la denuncia fiscal, eran parte de un supuesto soborno solicitado a un empresario para simplificar procedimientos vinculados a una obra de agua y alcantarillado en el núcleo urbano de AHISARA. El fiscal Miguel Saldarriaga, en representación de la fiscalía, respaldó en el Poder Judicial la petición de 12 meses de detención preventiva utilizando declaraciones, mensajes de WhatsApp y actas de intervención como elementos de prueba. De acuerdo con la denuncia, tanto Ruíz Hernández como Sabino B.R.G., el jefe del departamento de Infraestructura, habrían pedido S/150,000 al denunciate, un empresario del sector de la construcción. El operativo confirmó la posesión del dinero mediante el uso de reactivos fluorescentes. Como respuesta, Christiam Álamo Eto, el abogado defensor, argumenta que la acción del 5 de febrero presenta defectos procesales, incluyendo una supuesta falta en el protocolo de impregnación del reactivo. Además, pone en duda la legitimidad de la denuncia inicial, al sostener que el desembolso de la obra en cuestión no estaba sujeta a la Gerencia Municipal y que el pago no era viable en ese momento. “Esta defensa técnica tiene en la audiencia de apelación la oportunidad crucial para que se revise con objetividad y transparencia la decisión adoptada y se rectifique la situación legal de mi patrocinado. Asimismo, se evalúe de manera imparcial la intervención, su motivación y los elementos de convicción generados en esos dos días (5 y 6 de febrero), lo que en conjunto consideramos no son suficientes para sustentar la Prisión Preventiva, esto dentro del desarrollo del debido proceso como principio y garantía procesal y constitucional”, indicó el abogado, Álamo Eto. Este martes 29 de abril se llevará a cabo la audiencia de apelación. La defensa pide que se consideren los vínculos personales y profesionales de Ruiz Hernández como seguridad para su permanencia en el país y la observancia del proceso legal.