Piura, 11/04/2025 El Congreso de la República aprobó por insistencia una ley que permite la localización, rastreo y bloqueo de celulares vinculados a actividades delictivas. La iniciativa, que obtuvo 85 votos a favor sin oposición ni abstenciones, fue planteada como una herramienta clave en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Esta normativa autoriza la suspensión inmediata de líneas y el bloqueo del IMEI de equipos usados para cometer delitos como extorsión, tráfico de drogas o trata de personas. La ley modifica el Decreto Legislativo 1182, que regula el acceso a datos para geolocalización, y el Decreto Legislativo 1338, sobre el registro de equipos móviles. Con estos cambios, se faculta a la Policía Nacional del Perú a intervenir dispositivos durante investigaciones preliminares o en casos de flagrancia delictiva, ampliando su capacidad de acción frente a diversas modalidades de crimen organizado. Según el texto aprobado, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el encargado de gestionar la suspensión de líneas y el bloqueo de equipos. Esta acción podrá realizarse a pedido del Ministerio del Interior, la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público o el Instituto Nacional Penitenciario. También se atenderán solicitudes de los propios usuarios afectados por delitos, bajo constancia policial y en plazos que no superen las tres horas. Leer más>>> Contraloría detecta serias deficiencias en la obra del puente Carrasquillo El Ejecutivo, a través de observaciones presentadas por la presidenta Dina Boluarte, expresó su desacuerdo con algunos puntos de la norma. Cuestionó la inclusión de un amplio listado de delitos ya contemplados en la Ley contra el Crimen Organizado, así como la falta de estudios técnicos sobre su impacto económico y operativo. A pesar de ello, el Congreso decidió mantener el texto sin modificaciones, asegurando que se respetan las garantías del debido proceso. La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Adriana Tudela, defendió la nueva ley señalando que es una medida urgente para frenar el uso delictivo de las telecomunicaciones. Afirmó que aceptar las observaciones del Ejecutivo hubiera debilitado el objetivo principal de la norma: responder con mayor rapidez ante delitos como la extorsión, que afecta diariamente a miles de peruanos en todo el país.