Piura, 11/04/2025 En un intento por revertir el alarmante aumento de la criminalidad en el país, el Congreso de la República aprobó por unanimidad declarar en emergencia en la Policía Nacional del Perú (PNP) por un periodo de 180 días. La medida, impulsada por el congresista Eduardo Salhuana, recibió el respaldo de 89 legisladores y fue exonerada de segunda votación. Esta decisión legislativa busca fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad operativa de la institución policial. La norma aprobada, basada en varios proyectos de ley, contempla un paquete de medidas extraordinarias para modernizar la PNP y dotarla de más recursos. Entre sus objetivos centrales destaca la implementación de acciones efectivas contra la criminalidad, así como la participación activa del Ministerio del Interior y de gobiernos regionales y locales en la adquisición urgente de bienes y servicios sin seguir procesos administrativos tradicionales. ¿Funcionará? Además, se establece una asignación económica adicional para el personal policial que se sume voluntariamente a patrullajes y operaciones de investigación, lo que busca incentivar la presencia activa de agentes en las calles. La Contraloría General de la República ejercerá control concurrente sobre estas adquisiciones, con el fin de asegurar transparencia en la ejecución del presupuesto durante el periodo de emergencia. El Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional, tendrá un plazo de 90 días hábiles para presentar un diagnóstico integral del sector y diseñar una propuesta de reforma estructural. Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia orientada a modernizar tanto el ministerio como la propia PNP para enfrentar de forma más eficaz la inseguridad en el país. Este respaldo del Congreso surge en un contexto de creciente preocupación pública. Según la plataforma global Numbeo, Perú ocupa actualmente el décimo lugar entre los países más inseguros del mundo, y Lima se posiciona en el puesto 23 entre las ciudades más peligrosas. Estas cifras reflejan una deteriorada percepción de seguridad que el Estado busca revertir mediante una intervención directa en su principal órgano de orden público.