El 14 de noviembre, el gobierno de Dina Boluarte y la República Popular China firmaron el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente desde hace 14 años. Este acuerdo renovado, según el Ejecutivo, busca mejorar el aprovechamiento del pacto comercial, fomentar la inversión china en el Perú y facilitar las operaciones de comercio exterior entre ambas naciones.

La actualización incluye 12 capítulos, de los cuales cinco son completamente nuevos: Competencia, Comercio Electrónico, Cadena Global de Suministro, Cooperación en Normas y Evaluación de la Conformidad, y Medio Ambiente. Los siete capítulos restantes abarcan áreas como Reglas de Origen, Inversión, Propiedad Intelectual y Facilitación del Comercio.

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles han criticado que, a pesar de los años transcurridos, el tratado no contemple un capítulo dedicado a la protección de los derechos laborales y humanos. Empresas chinas operando en Perú, como Shougang, Río Blanco Copper, Las Bambas y Chinalco, han sido señaladas por violaciones a derechos laborales y conflictos con comunidades locales, generando rechazo entre trabajadores y pobladores.

Julia Cuadros, de CooperAcción, advirtió que estas violaciones son consecuencia de la debilidad institucional peruana, pero también de la falta de mecanismos de control por parte del Estado chino. Según el abogado laboralista José Mujica, China tiene obligaciones internacionales para garantizar que sus empresas respeten los derechos laborales y sindicales en los países donde operan.

El Sindicato de Obreros de Shougang se sumó a las críticas, exigiendo que el TLC contemple cláusulas que protejan el derecho al trabajo y que no comprometan las garantías laborales de la población local a cambio de inversión extranjera.

Mientras el Gobierno destaca los beneficios económicos del acuerdo, crecen los cuestionamientos sobre el impacto social y laboral que genera esta relación comercial.

Fuente: Wayka.pe