La fiscal adjunta provincial, Cristina Gómez, ha criticado con dureza la reciente aprobación en el Congreso de una ley que hace imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. La fiscal considera que esta norma, diseñada para el sistema penal adulto, es «muy dura» y podría ser contraproducente al aplicar penas severas a jóvenes, sin contar con un respaldo técnico que demuestre su eficacia para reducir la delincuencia.

Gómez señaló en una entrevista que la ley es “populista y engañosa”, pues el aumento de penas no garantiza la disminución del crimen. A su juicio, el Congreso ha optado por una salida «fácil e irresponsable», ignorando la falta de un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la criminalidad juvenil.

Además, la fiscal advirtió que el sistema penitenciario de adultos, donde se encuentran reclusos violentos y reincidentes, no es un ambiente adecuado para resocializar a los jóvenes. Para prevenir la delincuencia, Gómez propuso fortalecer los programas de justicia juvenil restaurativa del Ministerio Público, que trabajan en conjunto con psicólogos y asistentes sociales, y buscan el compromiso de los adolescentes y sus familias en un proceso de reintegración.

También expresó preocupación por la situación de las Unidades de Protección Especial (UPE) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), los cuales, dijo, están sobrepasados en su capacidad de atención. Según Gómez, esta falta de recursos impide que el Estado proteja adecuadamente a niños y adolescentes en riesgo, quienes terminan retornando a situaciones de vulnerabilidad.