La Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada ha solicitado prisión preventiva para los presuntos integrantes de la organización criminal «Los Bobys del Bajo Piura», entre quienes se encuentra el alcalde del distrito de La Unión, Percy Leonel Yamunaqué Chero. La medida también incluye a otros cuatro involucrados en un complejo caso de colusión agravada y peculado.

El requerimiento fue presentado por la Fiscalía ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, presidido por el juez Christian Azabache Vidal. Los acusados principales son Percy Leonel Yamunaqué Chero y Miller Amaro Peña Tuse, en calidad de autores del presunto delito de colusión agravada. De manera adicional, se ha solicitado prisión preventiva para Segundo Orestes Zeña Castillo, Juan Kilder Pazo Álvarez y Junior Giampierre Cubas Álvarez, señalados como cómplices primarios.

Detalles del caso Dren Canizal

El caso, conocido como Dren Canizal, se refiere a la malversación de más de 400 mil soles que la Municipalidad Distrital de La Unión (MDLU) recibió en transferencias para planes de emergencia y mitigación ante el fenómeno de El Niño, que finalmente no ocurrió. Según la Fiscalía, el dinero se habría desviado a servicios fantasmas relacionados con la limpieza y descolmatación del dren en el sector Canizal Chico.

Los hechos incluyen también la adquisición de motobombas y bienes de ayuda humanitaria, cuyos procesos de compra están bajo investigación. Según los informes, dos colaboradores eficaces han señalado directamente al alcalde Yamunaqué Chero como el principal responsable, indicando que habría recibido 400 mil soles en efectivo de manos de Juan Kilder Pazo Álvarez, provenientes del supuesto servicio del dren.

Operativo policial y judicial

El miércoles, se llevó a cabo un amplio operativo en el que la Fiscalía, en conjunto con la Policía, procedió a la detención preliminar de varios funcionarios y empresarios involucrados, por un periodo de 72 horas. Durante el operativo, también se realizaron allanamientos, descerrajes, registros personales e incautación de bienes en varios inmuebles pertenecientes a los presuntos miembros de la organización criminal.

«Estamos ante una red de corrupción que involucra a funcionarios públicos y contratistas», declaró una fuente de la Fiscalía, señalando que los implicados habrían aprovechado su posición para beneficiarse en la ejecución de obras, servicios y compras de bienes.

El caso ha generado gran interés público debido a la magnitud de los fondos malversados y el involucramiento de altas autoridades locales. En los próximos días, se espera la programación de la audiencia de prisión preventiva, que será crucial para el desarrollo del proceso.