El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha optado por no cuestionar la controvertida ley promovida por el fujimorismo, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta legislación, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que emitió medidas provisionales para la suspensión del proyecto. Sin embargo, estas recomendaciones y advertencias fueron ignoradas por el Ejecutivo.

El plazo límite de 15 días para observar la ley se cumplió, lo que implica que la autógrafa retornará al Congreso de la República para su eventual promulgación. Esta ley, impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto, beneficiaría a individuos juzgados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante los años ochenta y noventa.

Bajo esta legislación, estas personas podrían solicitar la anulación de sus condenas o la suspensión de los procesos judiciales en curso.

Medida criticada

Esta medida ha sido duramente criticada porque, hasta el momento, los delitos de lesa humanidad no prescriben precisamente para evitar la impunidad en casos que pueden tomar décadas en resolverse.

Lo que la iniciativa propone es que los delitos cometidos antes de 2002, cuando el Estado peruano se adhirió al Estatuto de Roma, prescriban y, por lo tanto, queden sin castigo.

El texto de la ley especifica que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”.

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) no pidió un informe a la Dirección General de Derechos Humanos; en su lugar, optaron por la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que calificó la norma como “viable con observaciones”.

Esta situación ha generado una ola de críticas, tanto desde dentro como fuera del país. La Corte IDH ha enfatizado que el Estado peruano debe dejar sin efecto la propuesta legislativa. No obstante, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, manifestó su “indignación” con lo resuelto por la entidad.

Fujimori, el principal beneficiado

Un aspecto clave del rechazo a esta ley es que favorece a personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante los regímenes autoritarios de los años ochenta y noventa, épocas marcadas por fuertes conflictos internos en Perú. Casos como Barrios Altos o las esterilizaciones forzadas quedarían en la impunidad.

Los críticos sostienen que esta medida puede sentar un precedente de impunidad, debilitando la lucha por la justicia y los derechos humanos en el país.

Además, en un contexto internacional, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación. Han señalado que la adopción de esta ley sería un retroceso significativo en los esfuerzos por responsabilizar a aquellos que cometieron crímenes atroces y han exhortado al Congreso peruano a rechazarla.