La Contraloría General advirtió deficiencias de construcción en la ejecución de la obra de mejoramiento del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Almirante Miguel Grau, cuya inversión supera los S/ 131 millones, por lo que pidió la pronta adopción de acciones a la Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional que depende del Gobierno Regional de Piura.

Según el Informe de Hito de Control N° 18269-2024-CG/GRPI-SCC, durante las visitas de inspección física, se constató deficiencias en algunas construcciones, como en las bases para bancos de maquinarias, equipos y herramientas que presentan fisuras.
Dichos bancos de concreto son estructuras diseñadas para soportar y proporcionar una base estable para la realización de trabajos seguros de operaciones de mecanizado precisos. Por tanto, su finalidad es absorber las vibraciones propias de estos equipos y reducir las oscilaciones no deseadas.
También la comisión de control detectó una deformación en su sección transversal en columnas en un sector de los servicios higiénicos del segundo nivel, debido a que el encofrado no se habría instalado correctamente. Tampoco se estaría cumpliendo con el espesor adecuado en las juntas dilatación.
Asimismo, se evidenció la falta de soportes verticales en la baranda instalada en el segundo piso, la cual no presenta una rigidez estructural suficiente. Sin los soportes verticales adecuados, los travesaños pueden volverse inestables. Esto, a su vez, causaría movimientos no deseados e incluso colapsos parciales de la baranda, representando un riesgo para la seguridad de las personas que utilicen el espacio.

NO APLICAN PENALIDADES

Las deficiencias que no han sido advertidas por la supervisión generan una posible consecuencia adversa para la entidad de S/ 20,600 por inaplicación de penalidades, pues el contrato contempla este cobro por trabajos del contratista mal ejecutados, es decir, cuando no se cumpla con los requerimientos técnicos mínimos, especificaciones técnicas o planos del expediente técnico.
Otra situación advertida es que un profesional del personal clave de la supervisión trabaja simultáneamente en otra obra pública como residente, y tres profesionales especialistas figuran como ausentes durante la ejecución de la obra.
Dicha situación pone en riesgo el control técnico y calidad de los trabajos ejecutados, el cumplimiento del contrato de supervisión y el pago por servicios no prestados, lo cual genera una posible consecuencia adversa para la entidad de S/ 10,300 por penalidades no aplicadas y S/ 5,883,17 por servicios no prestados.