La Contraloría General identificó un perjuicio de S/ 1 148 471 por el presunto mal accionar de funcionarios y servidores de la Municipalidad de Canchaque (Huancabamba), quienes habrían favorecido a un contratista en una licitación pública para una obra de saneamiento en los caseríos Pampa de las Minas y Agua Blanca (Tierra Blanca) al no exigir la presentación de carta fianza por garantía de fiel cumplimiento y luego aceptar otras cartas sin aval. Actualmente, la obra se encuentra paralizada por resolución de contrato y a la espera de ejecutar el saldo.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 018-2024-2-0451-SCE, los responsables del proceso de contratación no exigieron al consorcio ejecutor dicha garantía, que debía presentarse antes de la suscripción del contrato, con la finalidad de proteger a la comuna ante un incumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, aceptaron efectuar una retención del 10% del monto contractual original, pero ello vulneró la norma aplicable.

El contrato fue firmado el 18 de octubre del 2022 para el mejoramiento y ampliación e instalación del servicio de agua para consumo humano y disposición sanitaria de excretas en los referidos caseríos por un plazo de ejecución de 150 días calendario por S/ 4 149 959,89.

Los funcionarios aceptaron como garantías por adelanto directo y de materiales unas cartas fianzas emitidas por una cooperativa que se encontraba imposibilitada de otorgar avales y fianzas válidos para procesos de contratación con el Estado, por lo que se financió de manera irregular al contratista con S/ 1 244 987 por pagos de adelantos.

Tampoco las otras cartas presentadas permitieron recuperar el saldo no amortizado, lo cual generó el perjuicio económico.

Como resultado del control posterior, se identificó la presunta responsabilidad penal de tres personas, entre funcionarios y exfuncionarios de las áreas de Abastecimiento y Control Patrimonial, Tesorería y un asesor legal externo. Por esta razón, se recomendó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones penales en contra de los involucrados. Asimismo, se señaló presunta responsabilidad administrativa contra cuatro personas, tres de ellas bajo la potestad sancionadora de la Contraloría. En total, son cinco involucrados en los hechos.