La Contraloría General de la República (CGR) ha tomado conocimiento de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para que el Congreso de la República apruebe créditos suplementarios asociados a mayores gastos. Sin embargo, se incluye una disposición que recorta la capacidad operativa de la CGR, generando el riesgo de que las actuales y nuevas inversiones no cuenten con el control adecuado, no se evidencien irregularidades, ni se emitan las alertas necesarias para detectar y evitar casos de corrupción.

La novena disposición complementaria modificatoria afecta nuestra autonomía, al condicionar presupuestalmente las atribuciones constitucionales del control. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de poner en conocimiento lo siguiente:

§  La CGR no cuestiona la pertinencia de adoptar medidas presupuestales convenientes que permitan lograr los objetivos de reactivación planteados. Sin embargo, debemos señalar que el proyecto de ley (08363/2023-PE) va más allá y esconde propósitos que hacen retroceder en los esfuerzos dedicados para enfrentar la corrupción en el gasto público, al introducir sin discusión ni opinión técnica, una reducción sustancial del financiamiento del control concurrente, sin considerar que esta modalidad ha demostrado científicamente un ahorro al país por más de 1000 millones de dólares en los últimos cinco años, y que las inversiones bajo este control avancen 30% más rápido.

§  De aprobarse esta disposición, se tendrá un impacto negativo inmediato que significará el desmantelamiento de los Órganos de Control Institucional (OCI) y el despido de miles de auditores a partir de enero de 2025.  Como es público, recientemente la CGR dispuso que, por primera vez en la historia del país, más de 690 OCI dejarán de depender administrativamente del Poder Ejecutivo, con lo que el controlado dejará de pagar los sueldos de los auditores, lo que significa un vigoroso fortalecimiento de la autonomía del control. Ese proceso quedará trunco si se aprueba la novena disposición complementaria modificatoria.

§  Además, el país pasará de las 56 mil intervenciones de control realizadas en el 2023, a tener solo 14 mil en promedio. La cobertura del control que hoy es de 67% del aparato estatal pasaría a un 27%, como era en 2017. En consecuencia, se afectará la operatividad de la CGR.

Alertamos sobre cualquier intento subalterno de pretender condicionar el control en la medida de intereses lejanos al real bienestar de los peruanos. Y confiamos que el Poder Legislativo recoja la situación expuesta, descartando en el dictamen la novena disposición complementaria modificatoria y separándola del resto del proyecto de ley.