Corte Suprema Postergó Audiencia de Patricia Benavides

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tenía programada para el 12 de junio la audiencia para evaluar la apelación de la Fiscalía que buscaba imponer un impedimento de salida del país de 36 meses a Patricia Benavides, exfiscal de la Nación y destituida fiscal suprema. La audiencia virtual se inició a las 9 de la mañana, pero fue postergada debido a la necesidad de revisar extensa documentación.

Detalles de la Sesión

La sesión fue dirigida por César San Martín Castro, quien resaltó la necesidad de reordenar el proceso debido a la gran cantidad de documentación pendiente. Indicó que se debe trasladar y entregar a la defensa toda la información presentada por el Ministerio Público para un debate adecuado en la audiencia correspondiente. San Martín declaró:

“Lo que estamos haciendo es reordenamiento del proceso y vamos a disponer desde este momento que se corra traslado y que se le entregue a la defensa toda la documentación presentada por el Ministerio Público y luego ya va a ser en la audiencia correspondiente el debate incluso de los medios de investigación que ha presentado el Ministerio Público.”

En consecuencia, San Martín dispuso que se notifique el escrito de ofrecimiento de medios de investigación a la defensa de Patricia Benavides. De esta manera, la audiencia quedó postergada para asegurar que la defensa tenga acceso completo a la documentación presentada. La sesión fue prorrogada hasta que se pueda garantizar que la defensa haya revisado todos los documentos pertinentes.

Antecedentes del Caso

Patricia Benavides, ex titular del Ministerio Público, es investigada por presuntos delitos de organización criminal y otros, bajo la supervisión de la fiscal suprema Delia Espinoza de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Esta investigación ha generado gran interés y controversia debido a la posición que ocupaba Benavides y las implicaciones de las acusaciones.

Anteriormente, Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, había emitido una resolución indicando que Benavides no había mostrado indicios de un plan de fuga. Según Checkley, la investigada ha asistido a todas las diligencias fiscales programadas y no se puede valorar negativamente su derecho legítimo a la defensa, como la reprogramación de diligencias o la negativa a entregar su equipo telefónico voluntariamente.

“La investigada ha concurrido a las diligencias fiscales programadas, no pudiendo valorarse en su contra manifestaciones del ejercicio legítimo del derecho a la defensa, como son la interposición de tutelas de derecho, la reprogramación de diligencias o la negativa a entregar voluntariamente su equipo telefónico,” señaló Checkley.

Checkley también destacó que la gravedad de la pena, la magnitud del daño y la supuesta pertenencia a una organización criminal deben examinarse conforme a la insuficiencia de los elementos de convicción que sustentan el requerimiento. Además, consideró la conducta procesal adecuada por parte de la investigada y su defensa como factores importantes a tener en cuenta.

Presentación de Nuevas Pruebas por la Fiscalía

El Poder Judicial postergó la audiencia tras la presentación de nuevas pruebas por parte del Ministerio Público. Estas pruebas fueron incluidas en un escrito presentado el 5 de junio, el cual contenía nuevos elementos de prueba por cada una de las imputaciones contra Benavides. El juez César San Martín, tras consultar al abogado de Benavides, Christian Salas, sobre la necesidad de que la defensa tenga acceso a este documento, determinó que se trasladara el texto a la defensa.

San Martín respondió a Salas señalando que el Código Procesal Penal permite la incorporación de nuevos documentos y pruebas en segunda instancia. Salas accedió a que se le otorgue plazo para revisar lo planteado, aunque expresó su descontento con la presentación de nuevos elementos probatorios en la apelación.

“Entiendo que la fiscalía está agregando nuevos datos que son ajenos a un recurso de apelación por lo que ni siquiera deberíamos revisarlos en audiencia,” aseveró Salas.

El fiscal Marcial Páucar, representante del Ministerio Público, también estuvo de acuerdo con la medida para garantizar los derechos de la defensa y las garantías procesales de la investigada. Esta postura busca asegurar un proceso justo y transparente, permitiendo que ambas partes tengan acceso completo a la información presentada.

Decisión Previa del Juzgado Supremo

El 8 de mayo, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país de 36 meses contra Patricia Benavides. Este pedido fue presentado por Delia Espinoza, argumentando la presunta pertenencia de Benavides a una organización criminal.

El juez Checkley consideró que el Ministerio Público no cumplía con el test de proporcionalidad necesario para justificar esta restricción, además de resaltar la insuficiencia de los elementos de convicción presentados. Según Checkley, el argumento de la Fiscalía no era suficiente para imponer una medida tan restrictiva sin una base sólida de pruebas que justifiquen la necesidad del impedimento de salida.

Checkley señaló que, aunque la gravedad de los delitos imputados es significativa, la falta de pruebas contundentes y la conducta procesal de Benavides no justificaban una medida tan severa como el impedimento de salida del país. Esta decisión resaltó la necesidad de un equilibrio entre la protección de la sociedad y los derechos individuales de la investigada.

Implicaciones del Caso y Futuro Procedimiento

El caso de Patricia Benavides continúa siendo un tema de gran interés y seguimiento en Perú. La decisión de postergar la audiencia y permitir a la defensa revisar las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía refleja el compromiso del sistema judicial peruano de garantizar un proceso justo y transparente. Este caso destaca la importancia de la transparencia y la equidad en el proceso judicial, especialmente en casos de alta relevancia pública y con implicaciones significativas.

El futuro del caso dependerá en gran medida de la revisión de las nuevas pruebas y la capacidad de la Fiscalía de presentar un argumento convincente que justifique la necesidad de imponer un impedimento de salida del país a Patricia Benavides. Mientras tanto, la defensa continuará trabajando para demostrar la falta de fundamento en las acusaciones y proteger los derechos de Benavides.

En resumen, la postergación de la audiencia y la revisión de nuevas pruebas subrayan la complejidad y la seriedad del caso, así como el compromiso del sistema judicial de Perú de garantizar un proceso equitativo y basado en pruebas sólidas. La próxima audiencia será crucial para determinar el rumbo del caso y las medidas que se tomarán en relación con Patricia Benavides.