El Poder Ejecutivo promulgó una nueva ley aprobada por el Congreso que exime a los partidos políticos de responsabilidad penal por delitos cometidos por sus miembros.

 Esta medida, publicada en una edición extraordinaria de El  Peruano, genera diversas opiniones y críticas en el ámbito legal y político del país.

La norma, denominada «Ley que optimiza la democracia representativa y establece medidas de lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas», estipula que los partidos políticos que incurran en delitos no podrán ser disueltos, clausurados o suspendidos. En cambio, serán sancionados únicamente con multas administrativas de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas.

Modificaciones Legales

El Congreso ha realizado modificaciones significativas en el marco legal para implementar esta medida. Se ha alterado el artículo 105 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley 30424.

Estas modificaciones impiden que se apliquen sanciones judiciales como la clausura de locales, la disolución de la organización, la suspensión de actividades, la inhabilitación y la clausura temporal o definitiva de locales a los partidos políticos.

Críticas 

Sin embargo, esta decisión legislativa ha generado críticas significativas por parte de expertos legales. El abogado penalista Luis Lamas Puccio la ha tachado de «arbitraria e ilegal», argumentando que podría abrir la puerta a la impunidad al permitir que los partidos políticos sean utilizados como escudos para actividades delictivas.

Por su parte, el abogado penalista Antonio Maldonado también ha expresado su preocupación ante esta ley, señalando que constituye un retroceso en la lucha contra la impunidad y podría facilitar la comisión de delitos como el financiamiento ilegal de campañas políticas o el lavado de dinero.

La implementación de esta ley plantea desafíos importantes en términos de la responsabilidad legal de los partidos políticos y la lucha contra la corrupción. Se espera un intenso debate público sobre sus implicaciones y posibles repercusiones en el sistema político y judicial del país.