La asesora jurídica principal de Human Rights Watch (HRW), María McFarland Sánchez-Moreno, ha planteado la necesidad de que la administración del presidente estadounidense Joe Biden retire las visas a funcionarios peruanos involucrados en corrupción y abusos para frenar el deterioro del Estado de derecho.

En una columna publicada en The Hill, un medio ampliamente reconocido en el ámbito político de EE.UU., la letrada denunció un panorama alarmante en Perú, donde un “mosaico de intereses privados” ha doblegado al Gobierno de Dina Boluarte y desmantelado protecciones de derechos humanos y ambientales, con consecuencias propicias para el florecimiento del crimen organizado.

McFarland Sánchez-Moreno subrayó que Washington ha sido reacio a actuar frente al ataque al Estado de derecho en Perú, posiblemente preocupado por fomentar la inestabilidad política o por la creciente influencia china. Sin embargo, advirtió que, si Perú continúa por el camino de la destrucción institucional, EE.UU. podría pronto “tener que lidiar con contrapartes aún más peligrosas e inestables”.

Destrucción institucional es provocada por el Congreso

Para la asesora, gran parte del problema se encuentra en el Parlamento peruano, que desde la destitución del expresidente Pedro Castillo (2021-2002) “ha promovido una agenda favorecedora para actores corruptos y criminales”.

Criticó diversas medidas, como el proyecto contra la colaboración eficaz, la llamada ‘ley Soto’, la ley que daba vía libre a la deforestación de la Amazonía y los ataques a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), todo lo cual beneficia “directamente al crimen organizado y a intereses privados que se lucran con actividades ilegales”.

Protegida del Congreso

También arremetió contra la presidenta Dina Boluarte, al acusarla de alinearse con el Congreso, que la ha blindado frente a siete mociones de destitución. “Lejos de luchar contra estas medidas, la presidenta ha unido fuerzas”, afirmó.

Asimismo, señaló que tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo han tomado decisiones que favorecen los intereses parlamentarios. “Ambos organismos ahora rutinariamente se ponen del lado de los intereses del Congreso en formas que socavan el Estado de derecho”, enfatizó.

Propone quitar visas

La jurista resaltó la necesidad de la intervención estadounidense en esta crisis y propuso una medida concreta: “Quitar visas a personas vinculadas de manera creíble con abusos y corrupción enviaría un fuerte mensaje de que a la administración Biden le importa el Estado de derecho en Perú”.

También sugirió que EE.UU. debería trabajar con los gobiernos democráticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para generar preocupación sobre el debilitamiento de la democracia. Finalmente, indicó que aún no es demasiado tarde para detener la infiltración del crimen organizado y evitar que Perú siga el camino de Venezuela o Guatemala, donde los grupos criminales ya controlan “las instituciones estatales, con consecuencias devastadoras para la democracia y los derechos humanos”.

Aprobaciones polémicas

La semana pasada, el pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley propuesto por Waldemar Cerrón, que modifica la normativa contra la delincuencia organizada. La iniciativa recibió 43 votos a favor y deberá someterse a una segunda votación en los próximos siete días.

Los legisladores Ruth Luque y Héctor Valer se opusieron, argumentando que las modificaciones podrían perjudicar las investigaciones en curso y beneficiar a redes criminales como la tala ilegal y la trata de personas. La bancada de Luque denunció que el dictamen limita las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial, y favorece a organizaciones como el Tren de Aragua.

En esta jornada, además, fue aprobada —también en primera votación— una nueva norma que exime de responsabilidad a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000), al justificar la medida con la intención de no sentenciar a octogenarios.

El dictamen, con 60 votos a favor, establece que “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad” por hechos anteriores al 1 de julio de 2002, fecha de vigencia del Estatuto de Roma. También declara la prescripción de estos procesos, que abarca casos con y sin sentencia previos a 2002.