Jorge Rochabrunt fue designado en el cargo de asesor mediante una resolución ministerial firmada por la ministra de Vivienda el 20 de enero de 2023. Sin embargo, ambos se conocen desde hace varios años.

En 2021, Rochabrunt presentó una denuncia por violencia familiar, por lo que decidió no volver a su hogar. Según ‘Cuarto poder’, el actual asesor decidió alojarse en la casa de Pérez de Cuellar.

‘Cuarto poder’ ha revelado que al menos 10 personas consiguieron trabajo en diferentes dependencias del Ministerio de Vivienda. Esto solo días después de reunirse con el asesor de Hania Pérez de Cuellar, Jorge Rochabrunt.

Uno de ellos es Jason Klisman, quien estuvo en prisión durante tres años por el delito de hurto agravado, que fue registrado por cámaras de seguridad. Luego de reunirse con Rochabrunt, obtuvo órdenes de servicio que superan los S/15.000. En la actualidad, se le puede ver realizando transmisiones en vivo en las actividades oficiales de Hania Pérez de Cuellar.

Otro personaje contratado en este ministerio es Francisco Gavidia, un expostulante al Congreso. Cerca de 36 horas después de reunirse con Rochabrunt, obtuvo contratos por más de S/24.000 para brindar el servicio de coordinación para el seguimiento de las carteras a cargo de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto del MVCS.

Jorge Natividad Henostroza, quien visitó a Rochabrunt el 30 de mayo de 2023, consiguió múltiples órdenes de servicio para brindar asesoría legal por un monto total de S/96.000. Jessica Esperanza Pereyra Fajardo, excandidata al Congreso por Acción Popular, también sería otra beneficiada, ya que, luego de reunirse con el asesor, obtuvo una orden de servicio como especialista en Comunicaciones e Imagen Institucional.

De acuerdo con expertos consultados por ‘Cuarto poder’, existen indicios de usurpación de funciones y colusión debido a la contratación de estos personajes. «De los hechos evidenciados podríamos resumir que existiría la posibilidad de responsabilidad administrativa, pero también la posible responsabilidad penal, debido a que existen indicios de usurpación de funciones, posible corrupción o colusión de funcionarios en la celebración de estos contratos», señala José Antonio Trelles, experto en contratación pública al mencionado medio.