El Ministerio del Interior (Mininter) ha anunciado un significativo incremento en la presencia policial y el número de operativos en las zonas de frontera del Perú, abarcando áreas terrestres, aéreas y fluviales. Esta medida es parte de una estrategia integral destinada a reforzar la seguridad nacional y combatir el tráfico ilícito de armas, drogas, trata de personas y otros productos ilegales.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se ha destinado una inversión inicial de S/ 21 millones. Este presupuesto permitirá un despliegue masivo de efectivos de las fuerzas del orden, apoyados por tecnología de vigilancia avanzada. La inversión se utilizará para equipar los Puestos de Vigilancia de Fronteras (PVF) de Tumbes, Piura, Tacna y Madre de Dios.

El uso de drones permitirá una monitorización continua y en tiempo real de las áreas fronterizas. Además, la adquisición de equipos de inspección no intrusiva contribuirá a detectar e interceptar actividades ilegales sin afectar el flujo legítimo de personas y mercancías. Esta medida no solo busca combatir el tráfico ilícito, sino también resguardar la soberanía del territorio peruano.

Gracias a estas acciones, se logrará un mejor control en los 116 Puestos de Vigilancia Fronteriza (PVF) distribuidos en ocho departamentos del país. Asimismo, se podrá contrarrestar los pasos no autorizados en fronteras, frecuentemente utilizados por contrabandistas y otros delincuentes. El Ministerio del Interior también planea mejorar las infraestructuras existentes y capacitar al personal en el uso de la nueva tecnología. Esta modernización es crucial para que los agentes puedan operar con mayor eficacia y responder adecuadamente a las diversas amenazas en las fronteras.

El Mininter continuará promoviendo la cooperación internacional con países vecinos y organismos internacionales para enfrentar de manera conjunta los desafíos transfronterizos. Uno de estos acuerdos se ha materializado con la creación de la Red “Punto Atenas – Perú”, a través de Migraciones, para fortalecer la cooperación internacional en la prevención y persecución de delitos relacionados con la falsedad documental, tales como la trata de personas, inmigración irregular y suplantación de identidad.