Un nuevo informe de la Contraloría General logró identificar un perjuicio económico al Estado y el riesgo a la vida y la salud de miles de personas de Huancabamba y sus alrededores por S/ 8 740 205 debido a pagos en exceso y sin sustento al componente de equipamiento que hasta el momento no han sido acreditadas, así como en el contrato, el mismo que fue modificado, lo cual favoreció. Un total de 17 exfuncionarios del Gobierno Regional Piura bajo la gestión de Servando García Corra (2019-2022) tendrían responsabilidad en los hechos, entre ellos los que fueron directores de obras, director general de Construcción y el gerente regional de Infraestructura.

De acuerdo con el Informe N° 29187-2023-CG/GRPI-SCE, se advirtió que entre los años 2019 y 2020, la entidad pagó al consorcio por los adelantos de materiales números 1 y 2 que no correspondía. Además, efectuó pagos en exceso de partidas de equipamiento en el adelanto de materiales número 3 que ya habían sido reconocidos en los anteriores adelantos.

También se evidenció que la entidad habiendo otorgado al contratista los mencionados adelantos, equivalentes al 89.2% de monto contractual del componente de equipamiento, en diciembre de 2020 suscribió con el contratista la adenda número 11 al contrato, que modificó el procedimiento de pago para el componente de equipamiento de la obra, estableciendo que la valorización se realizaría como parte de las valorizaciones mensuales previstas en el contrato original, según lo cual ya no se efectuaría la valorización de equipamiento cuando se encuentre en obra, instalado y puesto en marcha; sino que se realizaría en un mayor porcentaje una vez puestos en almacenes de Lima o Callao.

Bajo tales condiciones, la entidad pagó por valorizaciones de obra por el componente de equipamiento en base a actas de entrega y recepción de bienes en almacenes de Lima y Callao que no fueron suscritas por representante alguno de la entidad y cuya existencia física no ha sido acreditada.

Se identificó la presunta responsabilidad penal de 17 exfuncionarios. Por esta razón, se ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones penales en contra de los involucrados. En la actualidad, la obra de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Jesús Guerrero Cruz o llamado hospital estratégico se encuentra paralizado.