La inestabilidad política cuesta muy caro al país. Como se sabe la agencia S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de Perú, lo cual genera desconfianza y afectaría la inversión, los empleos, los bolsillos de las personas y los servicios públicos.

Ante ello, el exministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló que esta calificación «no debería sorprendernos» si se toma en cuenta la crisis institucional que atraviesa el país y responsabilizó a una debilidad y sumisión desde el Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante instituciones como el Congreso de la República y algunas autoridades locales.

«Tenemos un gobierno débil, sumiso, en algunos puntos hasta cobarde, con una popularidad de la presidenta entre las más bajas del mundo y un Congreso prepotente, abusivo y autor de las peores leyes de la historia contemporánea», explicó en una entrevista concedida al diario El Comercio.

«Tenemos también un MEF débil, frágil hasta sumiso, tanto con referencia al Congreso como el Ejecutivo mismo, así como ante algunas autoridades edilicias», agregó.

Mendoza, quien integra el Consejo Fiscal (CF), indicó que la rebaja de la calificación crediticia para el Perú no es un asunto menor «porque nos pone a un peldaño de perder el grado de inversión», una situación que, señaló, «sería una catástrofe para el país».

El extitular del MEF explicó que perder el grado de inversión implica que la credibilidad de un país para pagar sus deudas «se elimina» y cuando ello ocurre «las tasas de interés suben, el costo de endeudarse sería mucho más grandes para el sector público».

«Es una pésima noticia, pero nos la hemos ganado a pulso, porque estas instituciones venían advirtiendo hace tiempo que había cosas que corregir», señaló Mendoza.

La política afecta a la economía

Mendoza mencionó episodios que demostrarían que el MEF ha venido perdiendo capacidad de control sobre hechos políticos que repercuten en la economía nacional. Entre ellos señaló la admisión de Hugo Chávez como presidente del directorio de Petroperú durante el gobierno de Pedro Castillo, y la crisis consecuente en esta empresa estatal. Además, se refirió a que se hayan dejado pasar una ley de reducción del IGV para restaurantes y hoteles (agosto de 2022) o que no se haya observado la aprobación en el Congreso de un séptimo retiro de los fondos de las AFP.

«Hay muchos ejemplos de que tenemos una institución tan importante como el MEF disminuida, débil, frágil. Y cuando un MEF se ve incapaz de controlar sus instrumentos de política fiscal, el Congreso hace lo que le da la gana. Este Congreso ha dado leyes malísimas y en muchas ocasiones sin la pelea del Ejecutivo por observar estas leyes», manifestó.

«Ya hemos visto que la política en este caso significa Gobierno frágil y Congreso prepotentes que da leyes malísimas. La política implica que el MEF ha estado cediendo terreno hace bastante rato y la política está afectando negativamente a la economía», agregó.