Durante la ejecución del Operativo Buen Inicio del Año Escolar 2024, realizado del 15 de febrero al 8 marzo, la Contraloría General supervisó 395 instituciones educativas públicas a nivel nacional, donde advirtió, entre otros problemas detectados, que el 70% de instituciones educativas no recibió los cuadernos de trabajo para entregar a los alumnos durante el inicio del presente año escolar.

El material educativo de comunicaciones y matemáticas debió ser distribuido por las Unidades de Gestión Educativa Local a las instituciones educativas, pero hasta la fecha de conclusión del operativo esto no se había concretado en el 70% de los casos, situación que podría afectar el acompañamiento cognitivo de la población estudiantil.

Los resultados de la Contraloría General reflejan también que el 52% de las instituciones educativas supervisadas requieren reemplazar los techos como mínimo de un aula porque podrían colapsar debido a las precarias condiciones en los que se encuentran. Asimismo, se verificó que el 55% de instituciones educativas visitadas necesitan reemplazar o dar mantenimiento como mínimo a las paredes de un aula. Además, en el 44% de locales escolares se observó que al menos un aula requiere sustituir el piso debido al nivel de desgaste que presenta.

A ello se suma el insuficiente número de mesas y sillas para los escolares en el 21% de casos, mientras que en otros colegios se observó que en algunas aulas carecían de mesas y sillas para docentes (17% de IIEE visitadas).

Las deficiencias en la infraestructura educativa e insuficiente mobiliario en los locales escolares no asegura las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, poniendo en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa, lo señalan los diversos informes de control notificados a los funcionarios responsables, señaló el informe.

En el operativo nacional 2024 participaron 130 auditores desplegados a nivel nacional, los cuales emitieron 368 informes de control simultáneo, los mismos que fueron comunicados a las Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación a fin de que las autoridades competentes adopten, con prioridad, las acciones preventivas y correctivas en los próximos 45 días que garanticen la adecuada prestación del servicio educativo.