Se trata del allanamiento de 12 viviendas de altos mandos del Ejército y a 8 oficinas a nivel nacional que contendrían información relevante sobre las ilegalidades que se habrían cometido en torno a este caso.

 

En el caso de Piura, el fiscal José Jiménez tiene a cargo el allanamiento de las oficinas donde laboraba el investigado José Francisco Rojas Dávila, encargado del área de abastecimiento del cuartel El Chipe. Se conoce que las dotaciones de combustible habrían sido adulteradas durante toda la pandemia.

 

Al General de División César Astudillo se le investiga del presunto delito de encubrimiento real y personal y peculado doloso, por lo que la Fiscalía solicitó también la detención preliminar por siete días de los imputados.