En diciembre del 2017, el Secretario Técnico Anticorrupción y el Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, rendimos nuestra declaración y pudimos conocer los pormenores de la carpeta fiscal y lo que algunos colaboradores eficaces habían señalado, entre otros sobre la supuesta relación de parentesco o cercanía entre el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica Luis Nuñez Frías y la CPC Doris Ferro Córdoba, y un presunto encubrimiento de algunas personas en la evaluación realizada por esta profesional en el caso Ugel Talara al no haber considerado dentro de la evaluación a la ex Directora de UGEL Matilde Chiroque y al ex jefe de personal de UGEL Talara Paul Cruzado.

En las declaraciones que brindamos ante la Fiscalía Anticorrupción de Sullana, manifestamos nuestras sospechas sobre alguna supuesta injerencia de parte de funcionarios del ejecutivo regional en los procedimientos de evaluación realizados.

Luego, con ese conocimiento la Secretaría Técnica Anticorrupción tomó la decisión que la información que tenía la señora Ferro sobre Ugeles Morropón, Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca sea remitida en su totalidad a la Contraloría Piura para que de manera independiente realice auditorías a esas UGEL y remitan sus resultados a las fiscalías. La razón, porque ya no se podía confiar después de enterarnos de la supuesta injerencia que se habría dado o intentado dar por parte de funcionarios del GRP en los resultados de los procedimientos aleatorios de evaluación realizados en las UGEL.