El Consejo Regional alcanzó a la Fiscalía de la Nación y a la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, el dictamen de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el proceso arbitral seguido por la empresa Camargo Correa contra el gobierno regional, relacionado con la ejecución del proyecto Alto Piura.

Cabe mencionar que el fallo del arbitraje favoreció a la constructora brasileña, ya que la entidad regional deberá pagarle 69 millones de soles por conceptos de gastos generales y ampliaciones de plazo. 

El documento fue remitido mediante oficios 010 y 011 al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, para que actúen de acuerdo a sus atribuciones y evitar que el caso quede impune. 

En el dictamen se han evidenciado supuestas anomalías como la elección indebida de encargados de la Procuraduría Ad Hoc en asuntos arbitrales, para la defensa del gobierno regional, cuando debieron ser titulares. 

Asimismo se considera la contratación ilegal del estudio jurídico Muñiz para el asesoramiento a la Procuraduría, pese a que el Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado prohíbe estas estipulaciones. Finalmente los responsables del Proyecto Alto Piurano presentaron oportunamente los informes para la defensa.