Esto se da en plenas circunstancias cuando a través de la Oficina Regional Anticorrupción que cuenta con las Áreas de Prevención e Investigación se vienen investigando diferentes denuncias ingresadas por ciudadanos, ex funcionarios y actuales servidores públicos sobre presuntos actos de corrupción que se vendrían dando en el Pliego Gobierno Regional Piura, uno de estos últimos casos denunciados por la Junta Directiva del Sindicato Progresista de Trabajadores del Gobierno Regional Piura y por el Sindicato Único de Trabajadores de Gobierno Regional Piura sobre el desorden existente en la contratación de los locadores de servicios, en donde hasta el ex Procurador Ad Hoc Laboral ha pasado el tiempo de servicios, según Informe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares,, y en donde se vienen contratando personas que no reúnen los perfiles con remuneraciones por encima de lo que se les paga a los profesionales.

Como Secretaría Técnica de la Comisión Regional Anticorrupción, deploramos lo sucedido el día de hoy, ya que con esta acción se pretendería poner trabas a las acciones que veníamos desempeñando junto con la oficina Regional Anticorrupción, que es el brazo técnico legal de la Comisión Regional Anticorrupción. La Resolución Ejecutiva Regional que ha dejado sin efecto la designación del Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, consideramos que contiene un vicio y por lo tanto es nula porque es el Consejo Regional, por mayoría de sus integrantes presentes en el momento de la votación, quien debe proponer mediante Acuerdo de Consejo Regional, al Gobernador Regional al ciudadano que deberá ocupar el cargo de Jefe de dicha oficina, debido que no se ha respetado en la presente sesión, lo cual en su momento será materia de emisión de informe correspondiente con las respectivas recomendaciones de interposición de las denuncias por este hecho.

Como Secretaría Técnica Anticorrupción continuaremos con el desarrollo de nuestra política de integridad y lucha contra la corrupción; pero debemos alertar que a partir de la fecha en que la oficina Regional Anticorrupción ha quedado acéfala podrían, entre otras acciones, perderse expedientes administrativos que contienen denuncias presentadas por ciudadanos, y lo más grave, podrían quedar a exposición pública los nombres de denunciantes que han solicitado, de acuerdo al Decreto Legislativo 1327 la reserva de su identidad en los casos de denuncias de irregularidades en el Pliego; lo cual será de absoluta responsabilidad del ejecutivo regional y funcionarios que han intervenido en este acto ilegal.

De acuerdo a lo coordinado con el Consejero Delegado, y por la continuidad de la atención de los casos, que es nuestro deber, hemos tomado la decisión, conforme respalda el Reglamento Interno del Consejo Regional, de disponer la contratación del profesional cesado en el cago de la Jefatura de la Oficina Regional Anticorrupción como abogado de la Secretaría del Consejo Regional.