Tan solo en tres UGEL de la región se ha identificado que son más de cien -entre funcionarios, servidores y docentes-, los implicados en los desvíos de dinero en el sector educación.

El secretario regional anticorrupción, Jaime Távara, recordó que esta cifra abarca a trabajadores las UGEL de Talara, Paita y Sullana, y que fueron sancionados mediante una resolución con el despido de sus funciones en el sector público.

“En Paita eran como 54 personas, en Talara alrededor de 25, en Chulucanas casi 8 personas [involucradas]. Sin embargo, no se puede dar números exactos porque estos son muestreos”, explicó Távara.

El funcionario regional sostuvo que las auditorías que efectúe la Contraloría determinarán si hay más personas que cobraron estos montos indebidamente. También arrojará la cantidad de dinero desfalcado.

“En el primer muestreo no se ha considerado la UGEL de Huarmaca, Morropón, Ayabaca y otras. Esas cifras van a crecer mucho más con los informes que emita [la Contraloría Regional]”, refirió Távara.

Trabajadores vuelven

En la UGEL de Chulucanas, los trabajadores involucrados en estos actos de corrupción están regresando a laborar en sus mismos cargos, pese a que no han devuelto ningún sol del medio millón que desviaron.

“[A estos trabajadores] se les abrió un proceso administrativo y se determinó que ellos tenían que salir de la UGEL por dos meses, o cuatro y hoy están regresando a sus mismos cargos”, denunció la secretaria regional del SUTEP, Silvia Valderrama.

La dirigente informó que los funcionarios de esta UGEL habrían direccionado este dinero durante los años 2015 y 2016.

“Queremos saber [quienes más están] porque uno de los implicados dice que no solo a él se le dio dinero, sino también a otros trabajadores administrativos”, cuestionó la dirigente.

A su turno, el secretario regional anticorrupción, Jaime Távara, calificó como sanciones muy leves la suspensiones hechas por la Secretaría Técnica de Procesos de la UGEL Chulucanas.

“En la secretaría se ha demorado un montón en emitir un pronunciamiento. Consideramos que las sanciones hechas a las personas comprometidas como la administradora, tesorero y el área de contabilidad; son muy leves. Una vez que el servidor público cumple su sanción regresa a trabajar por derecho y por eso [para evitar eso] se debieron dar sanciones más fuertes como destitución. En UGEL Sullana las sanciones fueron más fuertes”, cuestionó Távara.

Añadió que este caso de ya ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de Piura.

“Nosotros estamos en comunicación con la fiscal que tiene a cargo el caso y le estamos pidiendo que proceda a emitir alguna disposición respecto a la investigación preliminar de estos hechos”, sostuvo Jaime Távara.