1.- MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN POR EL BIEN DE TODOS

Queremos convertirnos en un país desarrollado. Necesitamos tomar hoy decisiones drásticas frente a la corrupción. Porque esta afecta el desarrollo de las naciones y los derechos de las personas. En el Perú, como lo señaló el presidente en la Cumbre de las Américas, el costo de la corrupción representa cerca del 2% de nuestro producto bruto interno (14 mil millones de soles), una cifra tan injusta como indignante pues priva a nuestros compatriotas más pobres de escuelas, hospitales, comisarías, caminos, puentes y trabajo digno. La información que da cuenta de la participación de altos funcionarios públicos, políticos y empresarios en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia latinoamericana nos ha enrostrado lo profundo que ha calado este flagelo en en el Perú. 
La corrupción se inicia con el financiamiento ilícito de las campañas, se alimenta de la limitada transparencia y la débil meritocracia, y termina con la subordinación de decisiones públicas a intereses subalternos. Hemos llegado a un punto que no admite alternativas distintas a la materialización de políticas y acciones concretas. Es por esta razón que, a 20 días de haber juramentado, el gobierno ya aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021. Y hemos creado la Secretaría de Integridad Pública para que desde el más alto nivel garanticemos su implementación. Este es un primer e importante paso para prevenir la corrupción y sancionar a los corruptos, lo cual complementaremos con otras acciones. Antes de los primeros 180 días, bajo el liderazgo del propio presidente Vizcarra, presentaremos un paquete normativo que cuenta con el respaldo del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera; y que estamos seguros contará con el respaldo del Congreso de la República. Son medidas alineadas con el Acuerdo Nacional, las recomendaciones de la OCDE, el informe de la Comisión Presidencial de Integridad, así como del Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas.

¿Cuáles son las principales medidas?

Primero. 
Todos los ministros y altos funcionarios con capacidad de decisión y manejo de recursos públicos estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses y parentesco.

Segundo. 
Como ha sido de conocimiento público, la gestión de intereses ha generado altos costos para el país. Necesitamos un marco legal que lo regule eficientemente. Por ello, propondremos la Ley de Gestión de Intereses o Ley de Lobbies, para que estas actividades sean parte de un proceso efectivamente regulado y transparente. En nuestro gobierno no será tolerado el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos.

Tercero. 
Un proyecto de Ley de Ampliación de la Muerte Civil por narcotráfico, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Hemos avanzado prohibiendo que personas condenadas por corrupción ingresen o permanezcan en la administración pública, pero tenemos que ser más rigurosos para garantizar la integridad en el Estado.

Cuarto. 
Una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de campañas electorales para la penalización de los aportes no declarados y para la bancarización del financiamiento de la política.

Quinto. 
La Ley de Extinción de Dominio, que permitirá recuperar rápidamente los activos ilícitamente obtenidos por corruptos y lavadores de dinero. Conocemos de proyectos de ley de congresistas de diferentes bancadas que van en la misma dirección. Y estamos seguros de que lograremos el consenso necesario para impulsar estos cambios. En la misma línea, y conforme a los estándares internacionales, presentaremos una propuesta para sancionar la corrupción en el sector privado. Porque si queremos dar un cambio radical, necesitamos medidas aplicables a toda la sociedad y a todos los sectores. Asimismo, promoveremos el intercambio global de información financiera y tributaria, así como una efectiva aplicación de la Convención Internacional contra el Soborno Transnacional de la OCDE. Y en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), crearemos el Registro de Beneficiarios Finales, que reunirá información de personas naturales y jurídicas que efectivamente poseen, controlan o se benefician económicamente de sociedades mercantiles, fideicomisos y fundaciones. Nuestro objetivo es contar con una estrategia efectiva para evitar el ocultamiento de fondos ilícitos. 
Finalmente, para consolidar nuestra lucha contra la corrupción, la educación será una herramienta de transformación. El currículo escolar incorporará una sólida formación en valores democráticos y