En una reunión con la Comisión Regional Anticorrupción, representantes de la Asociación de Pequeñas y Microempresas (Apemipe) de Piura denunciaron el supuesto direccionamiento en procesos de selección, de parte de funcionarios de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo (Sullana).

Se trata de concursos públicos para el mantenimiento de centros de salud de Lancones, Chilacos Pelados, Venados, Huasimal de Solana y El Alamor, donde se invierte un promedio de 250,000 soles. El presidente de la Apemipe, Javier Albán Moscol, sostuvo que están pidiendo requisitos exagerados con la finalidad de beneficiar a uno o dos postores que serían allegados a funcionarios.

Por ejemplo, refirió que el comité de selección está solicitando experiencia empresarial relacionada con los sectores de Salud y Educación, “cuando los servicios de mantenimiento son libres”.

Tolentino Eche, integrante de la Apemipe, sostuvo que si se ha realizado el mantenimiento en un local policial o en una municipalidad, también se puede hacer en el sector Salud. “Por lo tanto, se demuestra un direccionamiento del proceso. No solamente estamos siendo marginados en el sector Salud, sino en otras entidades públicas”, enfatizó.

De otro lado, el presidente de la Apemipe informó que están preparando una denuncia penal contra los funcionarios de la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo. Dijo que con esta acción estarían restringiendo la participación de las pequeñas y microempresas de la región y estarían infringiendo la Ley de Contrataciones del Estado. “Pedimos que en los procesos de licitación sean considerados a todos los postores sin excepción y no haya preferencias para algunos”, afirmó Albán.

Destacó el apoyo de los integrantes de la Comisión Regional Anticorrupción porque buscan que los concursos públicos se ejecuten de acuerdo a ley y no se perjudique a un sector. 

CLAVE

El secretario de la Comisión Anticorrupción, Jaime Távara, dijo que se emitirá un informe sobre este caso de presunto direccionamiento denunciado por la Apemipe. Se estarían contraviniendo las normas de contrataciones e implicaría responsabilidad administrativa y penal, anotó.